DE LOS USOS DEL TERROR

      El PP y el PSOE acaban de escenificar un pacto contra el terrorismo. Los atentados de París repercuten en nuestra legislación: nos topamos con un uso indebido e inquietante de ese criminal ataque a la redacción de la revista Charlie Hebdo.

     Con eufemismos, se cuela la cadena perpetua, en contradicción con nuestro texto constitucional de 1978. No es ni mucho menos algo que puedan hacer esos dos partidos por su cuenta y riesgo, sin debate formal, en plan artículo 135. Pero lo han hecho.

   En un primer análisis, el PP se empeña en ir de duro después de la excarcelación forzosa de determinados etarras. Y el PSOE, a pesar de sus reticencias,  se suma a la iniciativa, para no pecar de blando y darse aires de partido de gobierno. Ambos pretenden congraciarse con los sectores que menos comprenden los estándares de un sistema jurídico avanzado. Sorprende que esto ocurra en un país que no se permitió tal claudicación en plena escalada del terrorismo etarra. Y sorprende que pretendan hacernos creer que la cadena perpetua sirve para disuadir a los terroristas propiamente dichos.

   Ahora bien, un análisis en profundidad nos obliga a tener en cuenta que lo que hoy se lleva en el mundo es aprovechar los golpes del terrorismo para modificar reactivamente las leyes, como si fuera normal.  Un ejemplo elocuente: los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pentágono sirvieron de pretexto para imponer a los norteamericanos la Patriot Act, un atropello contra sus libertades en nombre de la seguridad.

     De modo que es difícil sustraerse a la impresión de que este pacto podría tener un doble fondo. Es de temer que la escenificación obedezca a la intención de contar con nuevo instrumento de control e intimidación  para el caso de que las cosas vengan mal dadas para los firmantes. Hasta podría maliciarse un adelanto de alguna forma de coalición.

    El documento que firmaron, dirigido en principio contra el terrorismo internacional, especialmente el de corte yihadista, entra en pormenores que dan mucho que pensar. Los “desórdenes públicos”, por ejemplo, entran dentro de la calificación de actos de terrorismo. Resulta que de ahora en adelante cualquiera que consulte una página web yihadista o presuntamente yihadista ya se puede dar por terrorista, lo mismo que aquel que entorpezca la voluntad del Estado… Sospecho que hay que juntar el pacto y la “ley mordaza” para entrever la amarga realidad. Y solo en función de un acuerdo estratégico de fondo se puede entender que el PSOE no tenga la menor intención de contribuir a la derogación de esta. El establishment teme que la situación se le vaya de las manos, que la gente se subleve contra sus usos rapaces y va poniendo a punto un sistema de control e intimidación más propio de una dictadura que de una democracia.

      Añadiré que el pacto tal como nos ha sido presentado, como asunto de extrema urgencia, y a juzgar por algunos detalles de su contenido (con su acento en la necesidad de hacer frente a una supuesta pululación de terroristas a título individual), aporta una carga de paranoia de la que no cabe esperar nada bueno. En lugar de ayudar a la gente a mantener la cabeza fría, como se hizo en tiempos de la escalada etarra, ahora se echa leña al fuego.

     El cultivo de tal  paranoia es otro uso indebido del terrorismo. Se nos da a entender que el peligro nos acecha desde todos los rincones. Por este camino se llega al extremo aberrante de conducir a una alumna musulmana de  ocho años a la comisaría por no condenar como es debido el atentado contra Charlie Hebdo, esto es, supongo escandalizado, por enaltecimiento de terrorismo… 

    El maestro la denunció al director y el director a la policía. Y esto es realmente noticia (cuando todavía nos encontramos a la espera de importantes aclaraciones sobre el atentado de París, aclaraciones que probablemente se pospongan sine die, como si la lucha contra el terrorismo requiriese grandes dosis de secreto).

     La paranoia sirve para encubrir los problemas reales que afligen a la sociedad y al mundo, y simultáneamente para crear, paso a paso, un sistema de vigilancia absoluto, en nombre de la seguridad y en irreparable perjuicio de la libertad. Que tal cosa se haga al precio de poner a los musulmanes bajo una lupa irrespetuosa forma parte de la jugada. Se trata de que al ciudadano desconcertado se le suba a la cabeza el famoso “choque de civilizaciones”. La idea es que no se tome a pecho los problemas reales que le afligen.

    Dicho ciudadano puede calmar su paranoia con pactos como el que se acaba de suscribir: en teoría, la cosa no va con él. Y esta certeza tiene por consecuencia –ya es un clásico– dividir a la sociedad y embotar la sensibilidad moral ante el sufrimiento de quienes le resultan extraños y, por lo tanto, sospechosos, gentes cuyos derechos caen en picado.

    Bien está reafirmar que todos estamos contra el terrorismo. Pero tan satisfactoria unanimidad no nos autoriza, creo yo, a hacer dejación del deber de descifrar su mecanismo, requisito de su efectiva desactivación y la única vacuna conocida contra el peligro de ser manipulados tanto por los terroristas como por los creadores de opinión.
     El pacto ofrece un  amplio repertorio de medidas represivas, nada más, cuando todos sabemos que no bastan por sí mismas. En el caso concreto del terrorismo yihadista, no se logrará su desactivación si occidente persiste en su línea de conducta, si se niega a admitir su parte de responsabilidad,  un tema tabú según el discurso oficial, acostumbrado a llamar, con pésimas intenciones,  “justificaciones” a las “explicaciones”.