LA “LEY MORDAZA” DEL PP

      La “Ley Mordaza” sale adelante. No es que en este país la normativa sobre seguridad ciudadana fuese una broma, es que ahora el poder establecido, tras las innumerables protestas que han tenido lugar, ha considerado necesario dotarse de nuevos recursos represivos.

    Nos encontramos ante una regresión, pues la nueva ley trae a la memoria la Ley de Orden Público de 1959 y  deja ver una actitud dictatorial frente al ciudadano, completamente indigna de un sistema democrático.  El ciudadano, en efecto, se ve expuesto a sufrir una represión directa sobre su persona y sobre su bolsillo, según unos principios de arbitrariedad que hielan la sangre. 

     Se trata de legalizar las devoluciones en caliente, de  mantener a raya a los gamberros, a los vendedores ambulantes y a los que hurgan en la basura, pero, sobre todo, de amedrentar al ciudadano disidente, entendiendo por tal no solo al que es capaz de quemar un contenedor o liarse a pedradas con la autoridad, de suyo siempre fuera de la ley, sino al disidente pacífico, el verdadero protagonista de las manifestaciones de protesta y huelgas habidas hasta la fecha. Habrá a disposición del poder  un tétrico surtido de multas (tremebundas) y de penas de cárcel (desproporcionadas), y encima se podrán dar palos a discreción in situ.

      Esto quiere decir que el poder, que ya ha liberalizado el espionaje de las comunicaciones, se prepara para hacer frente a tiempos difíciles. No habiendo propósito de enmienda en orden al gran proyecto de seguir desplumándonos en beneficio de una minoría, nada tiene de sorprendente que se incurra en esta regresión. Que lo que esa minoría se trae entre manos nunca fue posible por las buenas lo sabemos desde las jefaturas del neolítico. Allí donde la riqueza no se distribuye, allí donde se actúa en beneficio de una camarilla, la violencia y la arbitrariedad desde arriba se han impuesto indefectiblemente, con horribles resultados.

     La nueva ley de seguridad ciudadana viene a revelarnos con la mayor crudeza hacia dónde vamos y, de paso, la ausencia de un proyecto constructivo y la mala conciencia de nuestros gobernantes. Se da la circunstancia de que en este país la gente ha demostrado ser, cívicamente hablando, muy superior a ellos, como han acreditado las protestas, las mareas y las marchas de la dignidad, así como el hecho incontestable de que, a pesar de la rabia y la frustración acumuladas, no se hayan oído aquí las llamadas a la acción violenta que nunca suelen faltar en situaciones de flagrante injusticia como la que estamos viviendo (recuérdese, por favor, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos da por sentado que de la injusticia puede derivarse una rebelión violenta y legítima). El país, muy resabiado, desea que las cosas se hagan de manera razonable y pacífica. De modo que no se merece el desprecio que comporta la nueva ley, plagada de segundas intenciones.