LA “LEY MORDAZA” DEL PP

      La “Ley Mordaza” sale adelante. No es que en este país la normativa sobre seguridad ciudadana fuese una broma, es que ahora el poder establecido, tras las innumerables protestas que han tenido lugar, ha considerado necesario dotarse de nuevos recursos represivos.

    Nos encontramos ante una regresión, pues la nueva ley trae a la memoria la Ley de Orden Público de 1959 y  deja ver una actitud dictatorial frente al ciudadano, completamente indigna de un sistema democrático.  El ciudadano, en efecto, se ve expuesto a sufrir una represión directa sobre su persona y sobre su bolsillo, según unos principios de arbitrariedad que hielan la sangre. 

     Se trata de legalizar las devoluciones en caliente, de  mantener a raya a los gamberros, a los vendedores ambulantes y a los que hurgan en la basura, pero, sobre todo, de amedrentar al ciudadano disidente, entendiendo por tal no solo al que es capaz de quemar un contenedor o liarse a pedradas con la autoridad, de suyo siempre fuera de la ley, sino al disidente pacífico, el verdadero protagonista de las manifestaciones de protesta y huelgas habidas hasta la fecha. Habrá a disposición del poder  un tétrico surtido de multas (tremebundas) y de penas de cárcel (desproporcionadas), y encima se podrán dar palos a discreción in situ.

      Esto quiere decir que el poder, que ya ha liberalizado el espionaje de las comunicaciones, se prepara para hacer frente a tiempos difíciles. No habiendo propósito de enmienda en orden al gran proyecto de seguir desplumándonos en beneficio de una minoría, nada tiene de sorprendente que se incurra en esta regresión. Que lo que esa minoría se trae entre manos nunca fue posible por las buenas lo sabemos desde las jefaturas del neolítico. Allí donde la riqueza no se distribuye, allí donde se actúa en beneficio de una camarilla, la violencia y la arbitrariedad desde arriba se han impuesto indefectiblemente, con horribles resultados.

     La nueva ley de seguridad ciudadana viene a revelarnos con la mayor crudeza hacia dónde vamos y, de paso, la ausencia de un proyecto constructivo y la mala conciencia de nuestros gobernantes. Se da la circunstancia de que en este país la gente ha demostrado ser, cívicamente hablando, muy superior a ellos, como han acreditado las protestas, las mareas y las marchas de la dignidad, así como el hecho incontestable de que, a pesar de la rabia y la frustración acumuladas, no se hayan oído aquí las llamadas a la acción violenta que nunca suelen faltar en situaciones de flagrante injusticia como la que estamos viviendo (recuérdese, por favor, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos da por sentado que de la injusticia puede derivarse una rebelión violenta y legítima). El país, muy resabiado, desea que las cosas se hagan de manera razonable y pacífica. De modo que no se merece el desprecio que comporta la nueva ley, plagada de segundas intenciones. 

EN NOMBRE DE LA LIBERTAD

 Se anuncia una nueva regulación del derecho de huelga, por parecer insuficiente la regulación de 1977… Se anuncia una ley de seguridad ciudadana de corte dictatorial, llamada “anti 15M” o “patada en la boca”. Las dos propuestas de signo anticonstitucional se justifican en nombre de “la libertad”.

   Claro que no hay en ello ningún misterio, por tratarse de una especie de tic de los lacayos de la Bestia neoliberal, que dieron en emplear maniáticamente de la palabra “libertad” allá por los años setenta, listeza que les allanó todos los obstáculos y que les permitió seducir a millones de sus víctimas potenciales.

    Al mostrar sus cartas represivas, el gobierno nos da cuenta, involuntariamente, de lo poco que se fía del “milagro económico” que hoy vocea a los cuatro vientos. Va a seguir torturándonos con sus medida antisociales. De ahí que pretenda blindarse contra huelgas y protestas, pues no le basta con hacerse el sordo.

    Nadie sabe lo que va pasar. El gobierno, tampoco. El proyecto de ingeniería social que estamos sufriendo, aunque calcado del sufrido en otras latitudes, no deja de ser un experimento y él un aprendiz de brujo.

    Al gobierno le toca operar cuando ya nada bonito puede prometer, en plena crisis, cuando la gente ya está con el agua al cuello y de vuelta de todos los sofismas de las escuela neoliberal. En su momento, la señora Thatcher pudo prometer a sus fieles un “capitalismo popular” y una “sociedad de propietarios”. Claro que no para todo el mundo, pues dijo abiertamente que lo que le podía pasar al 30 por ciento de la población, entendida como rémora, le importaba un carajo. Sobre este principio se basó la "revolución conservadora". De buenas a primeras, haciendo suyo el salvaje egoísmo predicado por dicha señora, la clase media se unió a la fiesta, para ser devorada a continuación. Muy triste todo,  y muy visto también.

    Ahora nos toca a nosotros. El famoso “que se jodan” de la señora Fabra ya no se aplica en exclusiva al 30 por ciento menesteroso, sino al 90 por ciento de la población. La clase media española, resultado de décadas de esfuerzo sostenido, se ve, de pronto, ingenua de ella, a los pies de los caballos. Y por eso no tiene nada de sorprendente que el gobierno urda normativas encaminadas a dejarla en el sitio. Los nuevos resortes represivos no apuntan a los gamberros, sino a las gentes normales de todas las edades que hemos visto ponerse en huelga ante la perspectiva de verse catapultadas a la indigencia, o manifestarse pacíficamente, cargadas de razón, en las calles de nuestras ciudades.