El ministro Soria no ha cedido ni un milímetro ante las protestas de los
mineros, protestas realmente serias y justificadas. Es más, aparte de decirles
que no hay dinero para hacer honor a los compromisos que el Estado contrajo con
ellos, los amenazó con nuevos recortes.
La
señora Cifuentes lleva contabilizadas 1.400 manifestaciones de protesta desde
enero, sólo en Madrid… Ahora se manifiestan los funcionarios, los parados, los
directamente afectados por los recortes y aquellos a los que nada se les puede
recortar, y también las víctimas directas de las tropelías bancarias que son de
público conocimiento. El número de indignados de todas las edades y condiciones
es impresionante y creciente, incluyendo hasta a los militares, sin que el gobierno
sepa hacer otra cosa que apelar a la policía, asimismo afectada por los recortes. Planteadas así las cosas, indignadas millones de personas, muchas de ellas sin salir de casa, incapaz el gobierno de calmar los ánimos por estar metido
ya en una espiral de recortes y manipulaciones de corte neoliberal, incapaz de hablar, por no tener
nada que decir salvo echarle la culpa a Zapatero, la situación no puede ser más grave e imprevisible.
Ya no bastan los pequeños gestos para la galería, como reducción a
deshora de los ingresos anuales del Rey, del príncipe o de los señores
ministros, por cuanto aquí el problema es que hay demasiada gente con el agua
al cuello a la que más le irrita saber lo que ganan con recorte o sin él. Ya no bastan las llamadas repentinas a
la solidaridad, e incluso a la generosidad de los empresarios. Suenan todas a
hueco. Tampoco va a bastar lo que acaba de saberse, también a destiempo no se
sabe si por torpeza o por astucia: los funcionarios que ganen menos 962 euros mensuales
recibirán la paga de Navidad. Aunque sea de agradecer, no es como para echar
las campanas al vuelo, pues lo que parece todo un gesto se queda en un gestito:
sólo el 0,57 por ciento de los funcionarios se beneficiará… El gobierno habla
de 15.000 beneficiarios de la excepción, pero, como suele ocurrir, lo que suena
bien lleva algún doblez. Hechos los cálculos, un representante del CSIF ha
calculado que los afortunados no pasarán de mil (en un colectivo de 2.600.000
personas). Hay, en definitiva,
indignación para rato, mientras se ve venir una sucesión de hachazos y escándalos
que la llevarán no se sabe adónde.
Hemos ido a parar a un estado de anormalidad. He aquí, pienso, las dramáticas consecuencias del déficit
democrático (ahora se gobierna por decreto y la Moncloa lleva camino de
parecerse a El Pardo) y de la insensata dilapidación de ese bien precioso
llamado legitimidad. ¿Qué pasará? Nadie
lo sabe, pero tengo la impresión de que asistimos al final de una época y de que
los historiadores del mañana trazarán una línea justamente por aquí, para
separar el período que siguió a la Transición de lo que viene ahora.
Si el gobierno del PP, con
su mayoría absoluta, se empeña imponernos su trasnochado y funesto modelo de sociedad
neoliberal-neocón, sea por gusto, por rendir pleitesía a los magos de Bruselas,
por no tener otra cosa en la cabeza, por no poder resistir la tentación que le
ofrece esta crisis o por no haberse percatado de que la gente, vista la propia
experiencia y la de otros países, lo
aborrece, nos veo entrando en una fase histórica de lo más accidentada. Porque ese modelo importado sólo se puede imponer en nuestro país por las malas, por las muy malas.
