El PP y el PSOE acaban de escenificar un pacto contra el terrorismo. Los
atentados de París repercuten en nuestra legislación: nos topamos con un uso indebido e inquietante de ese criminal ataque a
la redacción de la revista Charlie Hebdo.
Con eufemismos, se cuela la cadena
perpetua, en contradicción con nuestro texto constitucional de 1978. No es ni
mucho menos algo que puedan hacer esos dos partidos por su cuenta y riesgo, sin
debate formal, en plan artículo 135. Pero lo han hecho.
En un
primer análisis, el PP se empeña en ir de duro después de la excarcelación
forzosa de determinados etarras. Y el PSOE, a pesar de sus reticencias, se suma a la iniciativa, para no pecar
de blando y darse aires de partido de gobierno. Ambos pretenden congraciarse
con los sectores que menos comprenden los estándares de un sistema jurídico
avanzado. Sorprende que esto ocurra en un
país que no se permitió tal claudicación en plena escalada del terrorismo
etarra. Y sorprende que pretendan hacernos creer que la cadena perpetua sirve
para disuadir a los terroristas propiamente dichos.
Ahora bien, un análisis en profundidad
nos obliga a tener en cuenta que lo que hoy se lleva en el mundo es aprovechar
los golpes del terrorismo para modificar reactivamente las leyes, como si fuera
normal. Un ejemplo elocuente: los
atentados del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pentágono sirvieron de
pretexto para imponer a los norteamericanos la Patriot Act, un atropello contra
sus libertades en nombre de la seguridad.
De modo que es difícil sustraerse a la impresión de que este pacto
podría tener un doble fondo. Es de temer que la escenificación obedezca a la
intención de contar con nuevo instrumento
de control e intimidación para el
caso de que las cosas vengan mal dadas para los firmantes. Hasta podría
maliciarse un adelanto de alguna forma de coalición.
El
documento que firmaron, dirigido en principio contra el terrorismo
internacional, especialmente el de corte yihadista, entra en pormenores que dan
mucho que pensar. Los “desórdenes públicos”, por ejemplo, entran dentro de la
calificación de actos de terrorismo. Resulta que de ahora en adelante
cualquiera que consulte una página web yihadista o presuntamente yihadista ya
se puede dar por terrorista, lo mismo que aquel que entorpezca la voluntad del
Estado… Sospecho que hay que juntar el pacto y la “ley mordaza” para
entrever la amarga realidad. Y solo en función de un acuerdo estratégico de fondo se puede
entender que el PSOE no tenga la menor intención de contribuir a la derogación
de esta. El establishment teme que la situación se le vaya de las manos, que la
gente se subleve contra sus usos rapaces y va poniendo a punto un sistema de
control e intimidación más propio de una dictadura que de una democracia.
Añadiré que el pacto tal como nos ha
sido presentado, como asunto de extrema urgencia, y a juzgar por algunos
detalles de su contenido (con su acento en la necesidad de hacer frente a una
supuesta pululación de terroristas a título individual), aporta una carga de
paranoia de la que no cabe esperar nada bueno. En lugar de ayudar a la gente a
mantener la cabeza fría, como se hizo en tiempos de la escalada etarra, ahora
se echa leña al fuego.
El cultivo de tal paranoia
es otro uso indebido del terrorismo. Se nos da
a entender que el peligro nos acecha desde
todos los rincones. Por este camino se llega al extremo aberrante de
conducir a una alumna musulmana de
ocho años a la comisaría por no condenar como es debido el atentado
contra Charlie Hebdo, esto es, supongo escandalizado, por enaltecimiento de
terrorismo…
El maestro la denunció al director y el director a la policía. Y
esto es realmente noticia (cuando todavía nos encontramos a la espera de importantes
aclaraciones sobre el atentado de París, aclaraciones que probablemente se
pospongan sine die, como si la lucha
contra el terrorismo requiriese grandes dosis de secreto).
La paranoia sirve para encubrir los problemas reales que afligen a la
sociedad y al mundo, y simultáneamente para crear, paso a paso, un sistema de
vigilancia absoluto, en nombre de la seguridad y en irreparable perjuicio de la
libertad. Que tal cosa se haga al precio de poner a los musulmanes bajo una
lupa irrespetuosa forma parte de la jugada. Se trata de que al ciudadano
desconcertado se le suba a la cabeza el famoso “choque de civilizaciones”. La
idea es que no se tome a pecho los problemas reales que le afligen.
Dicho
ciudadano puede calmar su paranoia con pactos como el que se acaba de suscribir:
en teoría, la cosa no va con él. Y
esta certeza tiene por consecuencia –ya es un clásico– dividir a la sociedad y
embotar la sensibilidad moral ante el sufrimiento de quienes le resultan extraños
y, por lo tanto, sospechosos, gentes cuyos derechos caen en picado.
Bien está reafirmar que todos estamos contra el terrorismo. Pero tan
satisfactoria unanimidad no nos autoriza,
creo yo, a hacer dejación del deber de descifrar su mecanismo, requisito de su
efectiva desactivación y la única vacuna conocida contra el peligro de ser
manipulados tanto por los terroristas como por los creadores de opinión.
El pacto ofrece un amplio repertorio de medidas represivas,
nada más, cuando todos sabemos que no bastan por sí mismas. En el caso concreto
del terrorismo yihadista, no se logrará su desactivación si occidente persiste
en su línea de conducta, si se niega a
admitir su parte de responsabilidad, un tema tabú según el discurso oficial, acostumbrado a llamar,
con pésimas intenciones, “justificaciones”
a las “explicaciones”.